Acceso a la Segunda Oportunidad con acuerdos firmes de derivación de responsabilidad, tras la nueva doctrina del Tribunal Supremo

El cambio de doctrina del Tribunal Supremo en febrero de 2026 ha abierto de forma real la puerta de la Ley de Segunda Oportunidad a administradores y autónomos con acuerdos firmes de derivación de responsabilidad frente a Hacienda y Seguridad Social, siempre que no haya fraude equiparable a infracción muy grave.
Esto obliga a replantear la estrategia jurídica de acceso al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en todos los casos con derivaciones firmes de AEAT o TGSS.

1. El problema: derivaciones como “muro” de acceso a la Segunda Oportunidad

Hasta 2026, la práctica administrativa y parte de la jurisprudencia venían interpretando que cualquier acuerdo firme de derivación de responsabilidad por deudas públicas en los diez años anteriores impedía automáticamente la exoneración del pasivo insatisfecho.
AEAT y TGSS sostenían que la derivación invertía la presunción de buena fe del deudor, equiparándola en la práctica a una sanción grave o muy grave y utilizando el art. 487.1.2 TRLC como cláusula de exclusión general.

Esta lectura literal generaba situaciones claramente desproporcionadas: administradores y autónomos con insolvencias sobrevenidas, derivados por impagos en contextos de crisis, veían bloqueada cualquier posibilidad de rehabilitación económica pese a ajustarse al perfil de “deudor de buena fe” promovido por la Directiva (UE) 2019/1023.
Ya antes de 2026, algunos juzgados habían empezado a cuestionar esta exclusión automática, subrayando que no toda derivación implica mala fe ni fraude y que la normativa debía interpretarse conforme a la Directiva europea.

2. La doctrina del TS 18‑02‑2026: fin de la exclusión automática

El 18 de febrero de 2026 la Sala Primera del Tribunal Supremo dicta una serie de sentencias (254, 259, 260, 261, 262 y 263/2026) que marcan un giro en la interpretación de la Segunda Oportunidad respecto de derivaciones de responsabilidad y crédito público.
Diversos análisis doctrinales destacan que el Alto Tribunal considera que la mera existencia de un acuerdo firme de derivación no puede privar automáticamente al deudor del acceso al EPI, salvo que se acredite una conducta fraudulenta equiparable a infracción muy grave.

El Tribunal distingue expresamente entre sanciones por infracciones graves o muy graves, que sí pueden justificar la exclusión, y los acuerdos de derivación de responsabilidad, que define como mecanismo de garantía y no como sanción en sentido estricto.[gempsa]
Por ello, rechaza que se deniegue la exoneración de manera automática por el solo hecho de existir una derivación, exigiendo un análisis individualizado que valore si la conducta del administrador o autónomo revela dolo, mala fe o un desvalor relevante para el mercado.

3. Buena fe, Directiva 2019/1023 y TJUE 7‑11‑2024

La doctrina de 2026 se apoya en la necesidad de interpretar el régimen de exoneración conforme a la Directiva (UE) 2019/1023, que concibe la Segunda Oportunidad como regla general para deudores honestos sobreendeudados.
El Tribunal Supremo recoge el criterio de que las limitaciones al acceso a la exoneración deben estar debidamente justificadas, ser proporcionadas y no operar de forma indiscriminada, especialmente en materia de crédito público.

En paralelo, resoluciones como la del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba, al aplicar la sentencia del TJUE de 7‑11‑2024 (asuntos C‑289/23 y C‑305/23), subrayan que la exclusión automática por derivación vulnera el derecho a la Segunda Oportunidad si no se analiza el caso concreto y la situación individual del deudor.
Este criterio refuerza la tesis de que el art. 487.1.2 TRLC no puede leerse como un veto general a cualquier derivación, sino como una cláusula que requiere ponderación, gravedad de la conducta y conexión con la generación o agravación de la insolvencia.

4. Alcance sobre el crédito público: qué se puede exonerar

La doctrina de 2026 no solo afecta a la puerta de entrada, sino también al alcance material de la exoneración sobre el crédito público.
Un comunicado de UPTA Aragón sintetiza que la interpretación práctica permite exonerar íntegramente los primeros 5.000 euros de deuda pública, y a partir de ahí el 50% hasta un tope de 10.000 euros por cada acreedor público, siguiendo los límites cuantitativos del TRLC.

Además, recuerda que sanciones, intereses y recargos tienen consideración de crédito subordinado en el ámbito concursal, lo que hace posible su exoneración total al margen del techo de 10.000 euros por acreedor.
En el caso analizado, tras aplicar estos criterios, se declaró exonerable la totalidad del crédito de un Ayuntamiento por estar por debajo de 5.000 euros, mientras que respecto de AEAT y TGSS se mantuvieron solo importes residuales claramente inferiores a la deuda inicial.

5. Cargas de alegación y prueba en presencia de derivación firme

Las sentencias de febrero de 2026 delimitan también la distribución de responsabilidades procesales en el concurso de persona física con derivación firme.
Se destaca el deber del deudor de aportar información detallada sobre el origen de su pasivo y justificar las circunstancias en las que se produjeron los impagos que dieron lugar a la derivación.

El juez del concurso conserva la potestad –y el deber– de comprobar de oficio si concurren realmente causas de exclusión, pero ya no puede considerar la derivación como indicio automático de mala fe sin valorar la conducta y el contexto económico.
Por su parte, los acreedores públicos deben concretar y probar los elementos que harían equiparable la derivación a una sanción por fraude o infracción muy grave, no siendo suficiente una mera certificación administrativa de deuda.

6. Cómo se traduce esto en la práctica para administradores y autónomos

El primer efecto práctico es que administradores de sociedades liquidadas y autónomos con derivaciones pueden hoy plantear con fundamento su acceso al EPI, siempre que se articule una narrativa coherente de buena fe y se documente la ausencia de gestión fraudulenta.
Muchos despachos especializados señalan que la nueva doctrina corrige años de interpretación rígida que habían dejado sin salida a empresarios cuya insolvencia obedecía a crisis de negocio y no a maniobras dolosas.

La clave pasa por separar claramente tres planos en el escrito de solicitud de exoneración:

  • Describir la evolución del negocio y la génesis de la insolvencia, con datos objetivos.
  • Explicar el origen concreto de las deudas públicas derivadas, subrayando decisiones razonables y ausencia de ánimo defraudatorio.
  • Vincular todo ello con el estándar de “deudor de buena fe” derivado de la Directiva 2019/1023 y de la jurisprudencia TJUE y TS.

7. Estrategia de defensa frente a la oposición de AEAT y TGSS

En los incidentes concursales donde AEAT o TGSS se oponen a la exoneración invocando la existencia de una derivación de responsabilidad, la defensa técnica debe centrarse en desmontar la equiparación automática entre derivación y mala fe.
Las resoluciones recientes insisten en que la derivación puede derivar de infracciones leves o meras situaciones de insolvencia empresarial, no necesariamente de fraude, lo que impide considerar al deudor “no de buena fe” por sistema.

Resulta útil apoyarse en ejemplos jurisprudenciales donde, pese a derivaciones de baja cuantía, se ha concedido la exoneración precisamente por entender que la conducta del deudor no tenía gravedad suficiente ni relación directa con la generación de la insolvencia.
Igualmente, es estratégico explotar el régimen favorable de exoneración parcial del crédito público y la exonerabilidad total del crédito subordinado, demostrando que la solución propuesta es proporcionada y compatible con la finalidad rehabilitadora del sistema.

8. Recomendaciones prácticas para articular el acceso a la Segunda Oportunidad

Sobre esta base doctrinal, cabe extraer algunas pautas concretas para diseñar el caso de administradores y autónomos con derivación firme:

  • Ordenar cronológicamente la derivación y la crisis del negocio, mostrando que la derivación responde a una insolvencia arrastrada y no a un vaciamiento patrimonial consciente.
  • Aportar documentación societaria, fiscal y contable completa, que revele decisiones razonables, intentos de refinanciación, reducción de gastos y ausencia de operaciones sospechosas.
  • Valorar el uso de informes periciales económico‑financieros que expliquen la inviabilidad del negocio en parámetros objetivos y refuercen la ausencia de dolo o negligencia grave.
  • Aplicar correctamente los límites de exoneración de crédito público, separando principal exonerable, parte no exonerable y crédito subordinado para ofrecer al juzgado un cuadro claro y conforme a la doctrina de 2026.

9. Conclusión: una oportunidad real para “quemados” por derivaciones

La nueva doctrina del Tribunal Supremo en 2026, apoyada por el TJUE y por la interpretación flexible de jueces mercantiles, transforma las derivaciones de responsabilidad de un obstáculo casi absoluto en un elemento más a valorar dentro del análisis de buena fe.
Quien pueda demostrar que su derivación se originó en una insolvencia sobrevenida y no en fraude, y articule adecuadamente su caso, ya no está condenado a vivir de por vida bajo una carga inasumible de deuda pública.

Para administradores societarios y autónomos con acuerdos firmes de derivación, la Ley de Segunda Oportunidad pasa a ser, por primera vez, un mecanismo efectivamente accesible, siempre que se prepare el asunto con rigor probatorio y se alineen las alegaciones con la jurisprudencia de 2026.
Esto abre un campo de trabajo técnico relevante para despachos especializados, donde el valor añadido no está en repetir requisitos generales, sino en construir estrategias probatorias sofisticadas adaptadas a esta nueva ventana doctrinal.

José Carlos Camacho Pérez
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